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OPINIÓN CESM >> Violencia contra los sanitarios, por María José Campillo 

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Publicado el 14/09/2022
 Elaborado por nuestra tesorera y portavoz, María José Campillo, y publicada en prensa digital especializada en Sanidad

Por desgracia, todos los días vemos en las noticias los múltiples tipos de violencia que existen en el mundo: desde la que produce una guerra o un atentado terrorista hasta la de género, pasando por la que conlleva el racismo, la homofobia y un demasiado largo etc. Todas ellas están resumidas en la frase que acertadamente dijo Thomas Hobbes en el siglo XVIII y que sigue siendo de rabiosa actualidad: “El hombre es un lobo para el hombre”. 
Todo acto violento es, sin duda, reprobable y condenable, de la forma en la que se produzca y sea quien sea la víctima, pues si algo nos enseñó el siglo XX es que la vida de todo individuo tiene valor, al menos en los países más desarrollados.
Mas existe otra clase de violencia que no suele aparecer en las noticias aunque ocurra a diario: la violencia a sanitarios, es decir, la que sufren estos profesionales en su trabajo, día a día, mes a mes y año a año. Trabajar de cara al público en cualquier profesión no es fácil porque requiere paciencia, dotes de comunicación, habilidades sociales, resolución de conflictos… 
En el ámbito de la Sanidad, el público al que se atiende abarca a todo el conjunto de los ciudadanos, se dediquen a lo que se dediquen, sean como sean, provengan de donde provengan, piensen como piensen, vivan como vivan… es decir, a toda la sociedad, incluso a aquellas personas que ejercen todas las formas de violencia de las que hablábamos antes.
Sería lógico que un establecimiento abierto a todos los públicos, sea un centro de salud, un servicio de Urgencias o un hospital, contara con personal de seguridad fijo que protegiese a los trabajadores de posibles ataques violentos, pero en muchas ocasiones no es así. Es más, no existe una normativa estatal que obligue a que todos los centros sanitarios dispongan de personal de seguridad, siendo mayor la violencia que se registra en aquellos que carecen de guardias de seguridad.
No debemos olvidar otro ámbito en el que los sanitarios tienen un mayor riesgo de sufrir violencia y que es el domicilio de los pacientes. Se trata de un entorno desconocido y no controlado, en muchas ocasiones con pacientes y familias que desconocemos, como les ocurre a los compañeros de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria.
Los sanitarios acuden solos y desprotegidos a estos domicilios y en ellos han sido víctimas de retenciones ilegales, agresiones físicas e incluso se notificó un caso de violación. La inseguridad en estos lugares exige que efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acompañen a los sanitarios para que puedan trabajar de forma segura.
Cada año, la Organización Médica Colegial presenta las estadísticas, punta del iceberg de las agresiones que han sufrido los médicos, al igual que otras instituciones trasladan las sufridas por otras categorías. En todas ellas, constatamos que esta lacra crece de una forma que parece imparable. A pesar de ello, la Administración sigue mirando hacia otro lado y no presenta un plan eficaz para acabar con ella: las Comunidades Autónomas no tienen obligación de dotar de personal de seguridad a todos los centros sanitarios ni poner en marcha las acciones oportunas y necesarias para proteger a sus trabajadores. Cualquier organismo público dispone de una serie de medidas que impiden que cualquier persona pueda acceder con un arma, algo que no ocurre en los centros sanitarios a pesar de que algún hospital ha sido ya asaltado para liberar a algún detenido que estaba en las instalaciones recibiendo asistencia médica.
La mayoría de agresiones a los sanitarios no se suelen denunciar, ya que se han normalizado y casi institucionalizado. Cuando finalmente se consigue la condena del acusado en las pocas agresiones denunciadas, las penas no suelen ser muy gravosas y no suelen suponer el ingreso en prisión del agresor. Las sentencias continúan sin ser ejemplarizantes porque los políticos no se han molestado en modificar el Código Penal y aumentar las penas por este grave y frecuente delito.
En 2009, en la Región de Murcia, en un pueblo llamado Moratalla, en un centro de salud, se produjo uno de los hechos más crudos de la violencia a sanitarios, con el asesinato de la que era por entonces una MIR de Medicina de Familia, la Dra. María Eugenia Moreno. El 11 de marzo, de madrugada, un hombre se presentó en el centro de salud en el que María Eugenia estaba de guardia. Con un arma, le disparó 4 tiros a la joven doctora, que tenía 34 años y un hijo de 2. El conductor de la ambulancia acudió a auxiliarla al oír los disparos e intentó quitarle el arma al asesino, recibiendo otro disparo en el tórax, del que afortunadamente se recuperó. El autor de este crimen era un taxista jubilado de 70 años que justificó su agresión con un “los médicos me habían tratado mal” y añadió que asesinó a María Eugenia “como hubiera hecho con cualquier otro médico que hubiera estado de guardia”. No fue condenado porque murió a la espera de juicio.
El Servicio Murciano de Salud no indemnizó a la familia al considerar que fue un hecho imprevisible y que no tenían responsabilidad alguna. Aunque la familia peleó judicialmente porque el centro sanitario carecía de seguridad, perdió la batalla en los tribunales.
Han pasado 13 años desde el asesinato de María Eugenia, una joven de 34 años, madre de un niño pequeño, esposa, hija, amiga y compañera… y las cosas no han mejorado ni se han tomado las medidas para que no vuelva a suceder.
Es hora de que las cosas cambien y que la legislación se adapte a la situación actual con  condenas ejemplarizantes para los agresores y también para las Administraciones que hacen dejación de funciones cuando no defienden a sus trabajadores.

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